Soy varón y heterosexual. Y el título no es un error. Quizá algunos lo llamen daño colateral, pero si yo estaba dentro de la casa, la casa era y es mi casa – con el permiso del banco – y el que pudo arder dentro de la misma también fui yo, desde luego que soy una víctima. La fiscal me dio la razón presentando cargos de doble intento de asesinato.

Una víspera del día de la Comunidad Valenciana, una noche del 8 al 9 de octubre se me ocurrió ir a tomar unas copas con la que en aquellos días era mi pareja. Vivo en una casita adosada con entrada directa desde la calle. Y la anterior pareja de la mía, cuando no pudo hacer arder el coche de la chica, pensó que un poco de gasolina por debajo de la puerta y un mechero bien utilizado le demostraría al mundo su inquebrantable amor por ella. O eso alegó. Si el coche ya estaba aparcado junto a mi calle, nosotros seguramente andábamos por mi casa, haciendo quien sabe qué.

La cosa no pasó a mayores. Todos salimos estupendamente del asunto. Fuego apagado. Daños materiales. Y a poner la denuncia. Bueno, yo no. Puesto que la agredida era la ex novia del agresor, en fin, que yo ya pintaba poco en el tema.

Como ven, pues, he vivido la violencia de un hombre sobre su ex pareja en primera persona. Curioso. Esto, evidentemente, no me da carta de autoridad sobre nada. No me convierte en un pope del asunto y por lo tanto trataré de no pontificar. Mi opinión es una más de las muchas que pueden haber, pero lo que acabo de relatar explica mi interés profundo y el germen de este artículo. Entenderán que haya pensado sobre el asunto en más de una ocasión.

Negar que hay un problema, cuando hay personas que sufren todo tipo de violencia y vejaciones a manos de sus parejas presentes o pasadas, es como negar que existe un problema cuando algunas personas enarbolan la religión para cometer actos atroces. Con el propósito de atajar el problema, en el año 2.004 se presentó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y con posterioridad otras muchas medidas que se han ido desarrollando desde entonces. Con anterioridad ya existía un reconocimiento de esta problemática en la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, donde se definían, por ejemplo, las Órdenes de Protección.

Negar, por otro lado, que las leyes y medidas que se han tomado, como la mencionada Ley Orgánica, vulneran el principio de igualdad ante la ley, es del todo absurdo. La carga probatoria recae en el hombre, por el mero hecho de serlo. Y no sobre la denunciante. Muchos también conocemos casos de este estilo – este, personalmente y por suerte, sólo en segunda persona. Las denuncias falsas, mínimas o no, existen y la violencia de mujeres sobre el hombres también. Esta misma semana imputaban a dos abogadas por aconsejar a su cliente que no estaba de más denunciar falsamente a su marido por violencia y así mantener la custodia de la prole. Por cierto, la elipsis de género en el párrafo anterior es totalmente intencionada. Los homosexuales tampoco se libran.

Podría argumentarse, dentro de la retórica del consenso socialdemócrata imperante, que las leyes contra la violencia de género del corte de la española, aunque imperfectas, sirven a un bien mayor que es evitar que mujeres inocentes sufran y, por desgracia mueran a veces, demasiadas veces, a manos de las que son o fueron sus parejas. En pos de este noble fin, quizá nos valiera el medio.

No seré yo quien establezca que el fin justifica los medios. Más bien me parece que quien sacrifica la Libertad en pos de la seguridad, acabará sin ninguna de las dos. Ya lo apuntaba Ben Franklin. No obstante, entendiendo que el problema existe, veamos si la medicina que se aplica tiene algún efecto, aunque sea de placebo. Echemos un vistazo a las estadísticas que se nos presentan desde el Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Las muertes que se han producido en los últimos años según esta fuente oficial son:

En el año 2.016 van 11 mujeres muertas mientras escribo el artículo, a primeros de marzo, por lo que podríamos sobrepasar sobradamente las 60 muertes a final de año, si se mantiene el ritmo de los dos primeros meses. Los datos de años anteriores que pululan por la web, son del mismo orden de magnitud que los siguientes.

Habiendo medidas de protección desde 2.003 y siendo la Ley Orgánica de finales de 2.004, quizá tuviera influencia en la brusca bajada del año 2.005, pero observando el gráfico, pronto se recupera el número de víctimas, y desaparece el efecto. De hecho en el año 2.001 hubo 50 víctimas y en el 2.002, 54. No los incluyo en el gráfico por no ser oficiales. Si estudiamos la relación del número de muertes con la población en España, que mostramos en el gráfico siguiente, veremos que tampoco existe una correlación clara entre ambas.

De las muertas algunas habían denunciado, y por lo tanto se habían acogido a los mecanismos de la ley. Analizando los datos veremos que entre el 20 y el 30% de las víctimas habían denunciado a sus agresores, dependiendo del año. Parece que realizar una denuncia no es garantía de nada. No obstante, este porcentaje es el que parece tener mantenerse de forma más clara, hasta ahora, con el permiso del año 2.014,

El número de denuncias por motivos de violencia de género sigue un ritmo ligeramente descendente según los datos que se nos presentan en el portal.

 

Algunos casos han merecido protección oficial, según la tabla siguiente:

Año	Número de casos con protección policial
Año 2013	16.017
Año 2014	16.036
Año 2015	16.613

Y se han dictado Órdenes de Protección que sí siguen la tendencia de las denuncias que se presentan, de forma clara. Más o menos un cuarto de las denunciantes merecen protección. No me pregunten qué pasa con el 75% restante. Es un porcentaje que da que pensar. Tres cuartos de las denunciantes no tienen dictada orden de protección. ¿Por qué?

Así las cosas cabe preguntarse por tanto, si socavar el principio de igualdad ante la ley, que es uno de los pilares de las democracias modernas, y que debe serlo de cualquier sistema de convivencia humano, tiene alguna consecuencia positiva, que nos permitiera indultar el texto y sus derivadas. El gasto en protección policial específico o en campañas publicitarias pagadas desde el bolsillo de todos ha sido ingente. Aquí los datos en un gráfico de eldiario.es muestran las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales.

Decía Milton Friedman que no hay que juzgar una Ley por sus intenciones si no por sus resultados. Vayamos a ello. A lo largo de este artículo he mostrado las cifras, según datos oficiales, de los aspectos más importantes que rodean a la violencia de género. Víctimas, denuncias, presupuesto y alguna cosilla más.

Nada tiene que ver, nada, el dinero invertido en estas políticas con las victimas tristemente cosechadas o con el número de denuncias en cada año. Ni el número de denuncias con las víctimas. No obstante, si una de las funciones de la Ley es el reconocimiento de los derechos de un conjunto de personas con una problemática específica y la asignación de unos recursos presupuestarios que disminuyan o eliminen la causalidad y palíen los efectos caso de producirse el delito, o algo estábamos haciendo rematadamente mal gastando más del doble hace diez años de lo que gastamos ahora o quizá es que el resultado aparece ahora y por lo tanto no es necesario aumentar el gasto en estas políticas.  Eso sí, gastemos más o gastemos menos, al menos un quinto de las víctimas había denunciado. No parece muy lógico esto.

Resumiendo, parece evidente, a tenor de lo que expongo, la completa desconexión entre el número de víctimas y todo lo demás. No hemos atajado uno de los problemas principales, si no el que más, de todo este lío. A la gente se le cruzan los cables y hace barbaridades. Reventarse en plaza pública con un cinturón de explosivos no parece muy sensato pero hay quien lo hace. Levantar la mano a tu pareja es una enorme barbaridad. Y hay quien llega más allá. Con o sin ley. Ahí están los datos. Tampoco parece que las protejamos adecuadamente.

Cabría hacer un estudio mucho más detenido sobre las causas profundas y reales. Buscar por qué se dan estas desgracias. No sé si la los autores de Freakconomics tienen tiempo para buscar la relación causa efecto, pero el caso es que en estos momentos, y con los datos que son accesibles para el común, no hay posibilidad de establecerla. Tampoco es el propósito de este artículo. Da para una tesis. Seguro que hay influencias de aspectos económicos, educativos, culturales, etc.

Siguiendo con el juicio que propone Friedman, si bien la Ley Orgánica de Violencia de Género pone nombre y hace pública y notoria la existencia de un problema real, oculta la existencia y condena al ostracismo a otros muchos sucesos indeseables – como la violencia en parejas del mismo sexo o la de algunas mujeres contra hombres – y provoca otros: las denuncias falsas existen y los abogados desalmados también. Y de esto no busquen datos oficiales, solo existe la experiencia personal de cada uno y algún periódico digital publicando algún que otro caso. Y caben en el 75% de las denunciantes que no tienen Orden de Protección, quiero pensar que con muchísima holgura.

Cabe también preguntarse el efecto, en positivo o negativo, que pudiera tener la celeridad en la aplicación de la justicia o el efecto disuasorio de las penas. Mi vida vale 3.000 euros. La de mi ex pareja algo más. Cosas de la Justicia. Año y medio de cárcel. En fecha del juicio, más de cuatro años después, mi pareja ya era mi ex pareja. Y yo me preguntaba entonces, y me pregunto ahora, sobre el efecto que se hubiera podido producir en los casos de violencia de género si el dinero gastado “en políticas” se hubiera gastado en modernizar y hacer realmente eficiente la administración de justicia.

Hablemos claro. Desigualdad ante la ley, por cuestión de género o por tipología de la pareja. Falta de eficacia al atajar la consecuencia más lamentable. Aparición de nuevos problemas que antes no existían. Gasto específico “en políticas de Violencia de Género” con dudoso resultado. Coste de oportunidad de ese gasto que no se produce en otras cuestiones en las que pudiera ser más eficaz. Yo, no le veo más que pegas al asunto.